La industria cárnica española manifiesta su plena alineación con los objetivos del Proyecto de Real Decreto destinado a promover una alimentación saludable y sostenible en centros de titularidad pública y en centros privados para personas dependientes o con necesidades especiales. No obstante, dada la relevancia del texto para el sector y para la sociedad, ANICE y FECIC han presentado diversas observaciones, al considerar que algunos aspectos presentan dificultades de viabilidad técnica y reclaman al Ministerio de Consumo mayor rigor en ciertos planteamientos para evitar generar confusión. “No se discute el fin, sino la intensidad regulatoria”, subrayan ambas patronales. Asimismo, la revisión del proyecto responde a la preocupación sectorial por el sesgo ideológico percibido en determinadas propuestas, entre ellas la incorporación del término “ultraprocesado”. Un argumento avalado por la falta respaldo científico consensuado que podría conducir a excluir alimentos con un excelente perfil nutricional, como el jamón ibérico.
El pasado 18 de diciembre de 2025, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abrió el trámite de audiencia de información pública sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se establecen criterios para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros de titularidad pública y centros privados para personas dependientes o con necesidades especiales.
El proyecto normativo de indudable interés para las dos organizaciones representantes de la industria cárnica española, ANICE (Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España) y FECIC (Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas), tiene como fin garantizar que las comidas servidas en centros públicos se asienten en las recomendaciones dietéticas sobre alimentación saludable y sostenible, un compromiso con el que el sector está ampliamente comprometido y alineado.
Sin embargo, ambas patronales, de manera conjunta, han trasladado observaciones y sugerencias al Ministerio para ser tenidas en consideración dado que algunos aspectos contemplados en el texto son de difícil viabilidad técnica y de complicada puesta en práctica, generando confusión y falta de seguridad y rigor que requieren de una revisión extensa de su contenido.
Entre otros aspectos, la industria cárnica solicita eliminar el concepto y definición de alimento ultraprocesado, que introduce el proyecto normativo en su artículo 3.2, apartado b, dado que el término ni está reconocido en la legislación alimentaria ni cuenta con consenso científico, generando debate entre expertos y, por último, y no menos importante, confusión en los consumidores.
“Una definición tan amplia de ultraprocesado, como la que contempla este proyecto, mete en el mismo saco alimentos muy distintos y, al aplicar restricciones generalizadas, puede poner en riesgo la asequibilidad y la sostenibilidad, con el riesgo de excluir productos que sí son genuinamente nutritivos. Es decir, tomando como referencia los aspectos que contempla el RD, podrían vetarse alimentos con un excelente perfil nutricional como el jamón ibérico o un lomo adobado. Incluso aquellos productos reducidos en sal, como la pechuga de pavo o el jamón cocido, serían identificados como ultraprocesados y, consecuentemente, excluidos de los menús de los comedores objeto de esta norma”, declara el director de ANICE, Giuseppe Aloisio.
Diversos organismos internacionales, como Codex Alimentarius, OMS, FDA o la propia Comisión Europea, reconocen las dificultades de definirlo y están estudiando la evidencia antes de plantear posibles medidas políticas.
De igual modo, varias autoridades europeas, incluido el Comité Científico de AESAN, cuestionan su uso como base para políticas de salud pública al carecer de rigor y consenso. Además, AESAN señala que la calidad nutricional de un alimento depende de su composición final, no del nivel de procesado en sí.
En este sentido, desde el sector se insiste en la importancia de conocer como ciertos métodos de procesamiento de alimentos tienen como objetivo principal mejorar la seguridad de los alimentos, alargar su vida útil o mejorar su digestibilidad o la biodisponibilidad de nutrientes.
El secretario general de FECIC, Ignasi Pons, apunta que “el principal riesgo es adelantarse a una definición nacional cuando la Comisión Europea aún la está estudiando y prevé armonizarla. Si la UE adopta después otro enfoque, más estricto, más flexible o incluso lo descarta, España tendría que modificar o derogar el Real Decreto, asumiendo además el coste político de haber actuado con precipitación”.
El sector también manifiesta su preocupación por el sesgo ideológico del texto, que establece pautas de consumo que priorizan las proteínas vegetales frente a las de origen animal sin atender a la evidencia científica, que avala la necesidad de los nutrientes de la carne para una alimentación adecuada, generando un claro desequilibrio nutricional.
Por lo que el sector ha sugerido modificar el texto para que en los establecimientos que ofrezcan una única comida principal se incluyan de dos a tres raciones de carne a la semana como plato principal, con un máximo de una ración de carne procesada a la semana.
Por otra parte, debido a su menor capacidad de síntesis muscular, las personas mayores con riesgo de sarcopenia (deterioro progresivo del músculo, que se traduce en menos fuerza y movilidad) necesitan entre 1,0 y 1,5 g/kg diarios de proteínas de alta calidad, junto con actividad física. Sin embargo, muchos adultos mayores, especialmente los que viven en residencias, no alcanzan estas ingestas, aumentando su riesgo de fragilidad. Por ello, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología recomienda un consumo de cinco raciones de carne a la semana en este grupo de población.
A tal fin, el sector ha propuesto que el apartado del artículo 8.1.g) sobre el consumo de carne en los establecimientos que ofrezcan régimen de pensión completa se redacte, para que la oferta alimentaria incluya de dos a cuatro raciones de carne a la semana, limitando el consumo de carne procesada a un consumo ocasional.
Por último, el sector expone que las medidas contempladas por este proyecto normativo suponen restricciones a la competencia efectiva entre operadores, y afectarán a la unidad de mercado. La imposición de valores igualitarios para operadores distintos (distintos destinatarios, zonas geográficas y distintas situaciones vitales) no ayudan a la unidad de mercado, sino que puede distorsionarla por el establecimiento de barreras geográficas que limiten la libre circulación de bienes.
“No discutimos el fin, sino la intensidad regulatoria”, defienden los directivos de las patronales.