La creciente carga normativa a la que se enfrentan las empresas está generando una presión adicional sobre la eficiencia y competitividad de la cadena agroalimentaria. Esta es una de las principales conclusiones del XIV Foro de la Empresa Agroalimentaria y de la Distribución Comercial LANDALUZ-CAEA, celebrado este martes en la Hacienda de Quinto, en Dos Hermanas (Sevilla), bajo el título “Calidad institucional, regulación y sostenibilidad”.
Durante el encuentro, representantes de la industria y la distribución han coincidido en la necesidad de avanzar hacia un marco regulatorio más claro, proporcional y flexible, especialmente ante el incremento de las exigencias relacionadas con la sostenibilidad. El sector advierte, además, de que el aumento de los costes asociados a la aplicación de las nuevas normativas podría acabar teniendo un impacto sobre los precios de la cesta de la compra por los denominados efectos de segunda ronda.
El presidente de LANDALUZ, Álvaro Guillén, ha defendido la importancia estratégica de la industria agroalimentaria andaluza y la necesidad de contar con un entorno institucional que permita a las empresas afrontar los retos actuales. En este sentido, ha reclamado una regulación “adecuada, ágil y razonable” y ha situado la seguridad jurídica, la colaboración público-privada y la simplificación administrativa como elementos necesarios para mejorar la competitividad.
Guillén también ha señalado que la sostenibilidad forma ya parte de la actividad de las empresas agroalimentarias y ha reclamado que las políticas públicas acompañen este proceso mediante medidas que favorezcan la inversión y la innovación.
3,8 novedades normativas diarias
Desde el ámbito de la distribución, la presidenta de CAEA, Virginia González Lucena, ha puesto el acento en la elevada carga normativa que soportan las empresas comerciales. Según ha señalado, las compañías del sector deben afrontar y aplicar una media de 3,8 novedades normativas diarias, una situación que, a su juicio, puede penalizar la eficiencia de toda la cadena agroalimentaria.
González Lucena ha defendido además el papel del comercio de proximidad en materia de sostenibilidad. Según los datos aportados durante el foro, el 90% de los consumidores acude andando a las tiendas de proximidad representadas por CAEA, contribuyendo a reducir las emisiones asociadas a los desplazamientos.
La presidenta de la organización ha destacado asimismo las actuaciones del sector en eficiencia energética, energías renovables, movilidad sostenible, gestión de residuos y reducción del desperdicio alimentario. No obstante, ha advertido de que la acumulación de obligaciones regulatorias puede incrementar los costes empresariales y terminar repercutiendo en el consumidor.
Ante la evolución de la normativa en materia de sostenibilidad, CAEA reclama que las nuevas medidas se apliquen bajo criterios de claridad, proporcionalidad, gradualidad y flexibilidad.
Diálogo entre Administración y empresas
El foro también ha contado con la participación de la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez, quien ha coincidido en la necesidad de facilitar la aplicación de las normas por parte del tejido empresarial. Para ello, ha defendido la existencia de procedimientos comprensibles, normas claras y una Administración coordinada.
La consejera ha señalado igualmente la importancia de mantener el diálogo con las empresas para conocer las dificultades derivadas de la aplicación de la normativa y favorecer una tramitación más ágil, manteniendo las garantías ambientales.
En este contexto, Martínez ha situado la relación entre sostenibilidad y eficiencia económica entre los ejes de la futura Estrategia Andaluza de Economía Circular, actualmente en proceso participativo. El objetivo de esta iniciativa pasa por prolongar el valor de productos y materiales, reducir la generación de residuos y avanzar hacia un modelo económico más competitivo e innovador.
El encuentro LANDALUZ-CAEA ha puesto así sobre la mesa uno de los principales retos para la cadena agroalimentaria: avanzar en materia de sostenibilidad y protección ambiental sin que el incremento de las obligaciones administrativas termine comprometiendo la eficiencia y competitividad de las empresas.