Desde la entrada en vigor de la primera medida regulatoria contra el sector agrícola en el año 2017, el coste asumido por las más de 3.000 explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena ha sido de unos 3.000 millones de euros, según un informe interno de la Fundación Ingenio basado en las aportaciones de datos de las explotaciones de la comarca. Esta abultada cifra es fruto de un minucioso análisis de los costes de implantación año tras año exigidos por las nuevas leyes que penalizan la actividad agraria, que han sido aprobadas por el Gobierno regional y el Gobierno de Pedro Sánchez, lucros cesantes o pérdidas patrimoniales, entre otros elementos, según las pautas de trabajo que ha aplicado el equipo encargado de completar el informe. En este estudio no se ha valorado como coste el total de hectáreas que han dejado de cultivarse por encontrarse en situación irregular, como los regadíos ilegales detectados.
Estos datos tendrán continuidad con un nuevo estudio que se encargará a la Universidad de Alicante, y que actualizará las conclusiones de los estudios previos que dirigió el catedrático Joaquín Melgarejo, como el presentado en octubre de 2020, que vaticinaban lo que ya está empezando a ocurrir: pérdidas a gran velocidad de hectáreas de regadío, desempleo, ralentización de la actividad agrícola e impacto en el resto de los sectores.
Los análisis de datos han tenido en cuenta principalmente siete factores para llegar a las conclusiones. El elemento que más ha deteriorado al sector agrícola han sido determinados artículos de la mal llamada Ley del Mar Menor, que en poco más de dos años de vigencia ha propiciado, según los agricultores, un deterioro irreversible de sus campos de cultivo y un estado de desistimiento y abandono de la actividad que, irremediablemente, arrastrará a otras actividades económicas y, en consecuencia, al conjunto de la economía murciana.
“Ley de destrucción de la agricultura”
Una parte del articulado de la “ley de destrucción de la agricultura”, como es denominada por los agricultores del Campo de Cartagena, que fue pactada por el Gobierno regional que preside Fernando López Miras y el Ministerio de Medio Ambiente de la vicepresidenta Teresa Ribera, con el PSOE murciano como interpuesto, ha supuesto, según los agricultores representados por la Fundación Ingenio, un punto de inflexión en el declive de la producción agrícola de la Región, un modelo de vanguardia imitado internacionalmente pero que está siendo demonizado por el Gobierno regional, el PSOE y elementos llamados ecologistas.
Los factores analizados para elaborar el informe del impacto económico de la inexplicable alianza Fernando López Miras-Teresa Ribera son:
- Limitaciones en las rotaciones de cultivo.
- Daños producidos en cultivos cuyas parcelas presentan niveles piezométricos muy elevados.
- Expropiación encubierta del uso del suelo próximo a la ribera del Mar Menor y suelo que ha dejado ser productivo por la imposición de reservar entre un 5 y un 20 por ciento de superficie de retención de nutrientes.
- Lucro cesante potencialmente obtenido de las situaciones anteriores.
- Pérdida de valor patrimonial del suelo de regadío. Esto se debe, en parte, al recorte del Trasvase Tajo-Segura y la Ley 3/2020, la cual señala erróneamente a la agricultura como único responsable de la degradación del Mar Menor.
- Costes directos de la aplicación de la Ley del Mar Menor: recogida de aguas de invernaderos, colocación de setos y mantenimiento, sondas de medida de la humedad en el suelo, análisis de suelo, agua, enmiendas orgánicas y sondas de succión, contadores y/o caudalímetros, fosas sépticas, etc.
- Obligación de contratación del operador agroambiental y de la Entidad Colaboradora de la Administración de la Región de Murcia (ECARM).
La Fundación Ingenio también quiere poner en contexto esta cifra de pérdidas de unos 3.000 millones sobre las espaldas de los agricultores con la que las distintas Administraciones están dedicando a la mejora del saneamiento y depuración en la litoral del Mar Menor, en torno a 100 millones de euros únicamente. Una descompensación clamorosa, a juicio de los diez mil agricultores representados por la Fundación Ingenio, ya que este valor representa en torno al 3,3 por ciento de los recursos asumidos por todos los agricultores, grandes y pequeños.
Fundación Ingenio
La Fundación Ingenio nace en 2020 con el objetivo de poner en valor una agricultura responsable, sostenible e innovadora. Una agricultura del futuro, que lidere los avances de la ciencia y la tecnología para hacer del cultivo de alimentos un motor medioambiental, económico y social a nivel local, nacional y europeo. Actualmente, engloba a más de 40 cooperativas y empresas agrícolas del campo de Cartagena. Representan al 85% de los agricultores de la zona. Para más información: https://fundacioningenio.com/