Casi medio centenar de franquiciados acudan a la compañía de cosmética francesa de presuntos delitos continuados de estafa, coacciones y amenazas
Tras invertir en la apertura de un nuevo negocio, los beneficios nunca llegaron y las deudas condujeron a un cierre inevitable. Casi medio centenar de franquiciadas de Yves Rocher se unen para llevar a la compañía ante los tribunales, presentando una querella contra la matriz francesa, la filial española y varios directivos de Yves Rocher por presuntos delitos continuados de estafa, coacciones y amenazas, según recoge una información publicada por El Periódico. Las querellantes gestionaban sus establecimientos en ciudades como Barcelona, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Cádiz, Elche, Cartagena y Vilanova i la Geltrú, donde se presentó la primera denuncia.
También les acusan de los delitos informático y relativo al mercado, falsedad documental, apropiación indebida, usurpación de personalidad civil, maltrato psicológico y mobbing. E ljuzgadode instrucción número 4 deVilanova i la Geltrúinvestiga el caso. "Están arruinadas", resume el abogado que representa a las exfranquiciadas, David Perales Mateu.
La compañía francesa, según Perales, captaba a las franquiciadas presentándoles un plan de negocio atractivo. Una vez estas abren la tienda, descubren que los márgenes reales son menores que los estimados y son sometidas a una "presión insoportable". «Se le obliga a renovar contratos, a firmar reconocimientos de deuda, se les manipula el estoc informáticamente desde la central, se les amenaza con quitarles las tiendas en siete días, con el cobro de las deudas en 15 días», relata la querella.
La presión, las amenazas y las coacciones llegaron al extremo de firmar cualquier papel que le pusieran delante o se lo quitaban y ejecutaban todo», afirma el testimonio de una de las querellantes. Las exfranquiciadas, siempre según su versión, pagaban los recibos de los suministros sin poder comprobar los consumos reales y debían asumir el coste de promociones y regalos. «Yves Rocher incumple infinidad de las directrices del código deontológico europeo de la franquicia aplicable en España», sostiene la querella. Entre ellas, la prohibición de imponer los precios de venta.
La querella inicial, presentada por 14 exfranquiciadas en el 2013, se ha ampliado hasta sumar más de 40 personas, y Perales cree que no son las únicas afectadas. Reclaman una fianza de 7,5 millones, si bien la indemnización final podría superar los 30 millones, según el abogado, al margen de las posibles penas de prisión (hasta seis años, en el delito de estafa).
El proceso está en fase de diligencias previas, con las declaraciones de las exfranquiciadas ante la jueza. El pasado 15 de abril, la fiscal se opuso al sobreseimiento que había solicitado Yves Rocher. La compañía también intentó que se declarara la incompetencia territorial del juzgado de Vilanova i la Geltrú, que ha sido igualmente rechazada por la Audiencia Provincial de Barcelona.