Tras decaer la propuesta estatal de ayudas de hasta 600 euros anuales, la Associació Celíacs de Catalunya reclama que se hagan efectivas las medidas previstas en Cataluña
Llenar la cesta de la compra no cuesta lo mismo para todo el mundo. Para una persona con celiaquía, adquirir productos tan habituales como el pan, la pasta o la harina puede suponer un gasto considerablemente superior. Según el informe de precios de FACE 2026, el sobrecoste estimado de los productos específicos sin gluten alcanza los 996,37 euros anuales por persona, unos 83 euros adicionales cada mes, para seguir una alimentación que no es una elección, sino el único tratamiento de la enfermedad.
Ante esta realidad, y después de que la convocatoria de elecciones generales haya hecho decaer la Proposición de Ley estatal que contemplaba ayudas de hasta 600 euros anuales para las personas con celiaquía, la Associació Celíacs de Catalunya reclama que los compromisos institucionales se traduzcan en medidas de apoyo económico efectivas. En Cataluña, donde se acerca el plazo legal para aprobar un sistema de ayudas, la entidad insiste en la necesidad de aliviar el gasto que siguen asumiendo las familias.
Productos cotidianos que multiplican su precio
La comparativa de precios facilitada por la Asociación, correspondiente a octubre de 2026, pone de manifiesto las diferencias en alimentos de consumo habitual. Un kilo de pasta sin gluten cuesta 4,10 euros, frente a los 1,70 euros de la convencional, un precio 2,41 veces superior.
Las diferencias son aún más pronunciadas en otros productos. Un kilo de harina sin gluten cuesta 4,66 euros, frente a los 0,72 euros de la convencional, casi seis veces y media más. El pan de molde multiplica su precio por seis, mientras que el pan rallado cuesta aproximadamente cinco veces más.
Los gastos adicionales no siempre son evidentes a primera vista. La Asociación advierte de que algunos productos sin gluten se comercializan en envases más pequeños, de modo que dos paquetes con precios similares pueden contener cantidades muy diferentes. Por ello, comparar el precio por kilo resulta especialmente importante para conocer la diferencia real.
Aunque el gasto varía según los hábitos de consumo, el coste adicional representa una carga económica que se mantiene año tras año, especialmente para las familias con menos recursos o con más de una persona diagnosticada.
“Para una persona con celiaquía, comprar productos sin gluten no es una elección, sino una necesidad de salud. No puede ser que seguir el único tratamiento de la enfermedad suponga tener que pagar casi 1.000 euros más cada año. Es imprescindible que las ayudas se hagan efectivas y que ninguna familia tenga que asumir sola este sobrecoste”, afirma Núria Camats, presidenta de la Associació Celíacs de Catalunya.
Del compromiso institucional a las ayudas efectivas
En el ámbito estatal, la convocatoria de elecciones generales ha hecho decaer la Proposición de Ley que preveía una compensación de hasta 600 euros anuales por persona con celiaquía. La iniciativa había recibido 338 votos favorables a su toma en consideración en el Congreso en octubre de 2025, pero después llegaron las prórrogas en la fase de enmiendas que, de hecho, las asociaciones de pacientes con celiaquía ya denunciaron en junio de 2026, cuando se habían acumulado 22. Con la disolución de las Cortes, será necesario volver a presentarla e iniciar el procedimiento legislativo en la próxima legislatura.
Esta situación supone un nuevo aplazamiento para las familias, que, pese a los avances parlamentarios, siguen sin contar con un sistema general de compensación económica y deben continuar asumiendo el sobrecoste de la dieta sin gluten.
Mientras que en el conjunto del Estado la tramitación de la Proposición de Ley ha quedado interrumpida, Cataluña tiene ahora la oportunidad de convertir el compromiso legal en una medida efectiva antes de que termine el año.
En Cataluña, la Ley 11/2026, aprobada el pasado julio, establece que el Gobierno debe aprobar antes del 31 de diciembre un sistema de ayudas para las personas con celiaquía, con una cuantía base que podrá incrementarse según los ingresos y la situación económica familiar. Si no se aprueba dentro del plazo, la ley prevé una deducción de 250 euros en el tramo autonómico del IRPF por cada miembro de la unidad familiar con celiaquía diagnosticada.
La Associació Celíacs de Catalunya, que ya trabaja con el Departamento de Salud para desplegar el sistema de ayudas, reclama que el compromiso se concrete en recursos y medidas accesibles para las familias. La entidad defiende este modelo porque permitiría llegar también a las personas con rentas más bajas, que pueden tener más dificultades para beneficiarse de una deducción fiscal.
Mientras tanto, las ayudas económicas actualmente disponibles siguen siendo limitadas y no llegan al conjunto del colectivo. Determinados funcionarios del Estado y beneficiarios del mutualismo administrativo pueden acceder a prestaciones de 400 euros anuales, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Esta cantidad equivale aproximadamente al 40 % del sobrecoste anual estimado, por lo que solo compensaría una parte. Estas ayudas no se extienden al resto de la población, lo que genera un agravio comparativo.
“Que una iniciativa parlamentaria se apruebe o consiga un amplio apoyo es importante, pero para las personas con celiaquía lo que acaba marcando la diferencia es que estos compromisos se traduzcan en medidas reales. En Cataluña tenemos ahora la oportunidad de dar este paso y concretar un sistema que compense, al menos en parte, el sobrecoste que las personas con celiaquía asumen cada día por su tratamiento”, afirma Irene Puig, portavoz de la Associació Celíacs de Catalunya.
Siempre que ha sido posible, se han comparado los precios del mismo producto y marca. En el caso de los productos de marca blanca, la comparación se ha realizado entre productos de marca blanca.