Desde Adigital, queremos manifestar nuestro profundo desacuerdo con la propuesta realizada por el Gobierno para la ley de plataformas digitales, también conocida como Ley Rider. Creemos que, especialmente por el momento en que nos encontramos, es más necesario que nunca dotar de seguridad jurídica a las empresas digitales e impulsar la digitalización empresarial, pero el planteamiento de esta normativa consigue todo lo contrario.
Desde Adigital, siempre hemos sido conscientes de la necesidad de revisar la regulación vigente ante la irrupción de nuevos modelos empresariales, tendiendo nuestra mano a las administraciones públicas para facilitar la comprensión de estas nuevas realidades y los retos y oportunidades que plantean a nivel económico y social. En el caso de las plataformas digitales de delivery, en particular, cabe recordar que conviven en nuestro país varios modelos. Por eso es aún más necesario promover una regulación inteligente y flexible, capaz de ofrecer mayor protección a los trabajadores sin convertirse en una barrera para la innovación y la competitividad de nuestra economía.
Tal y como está redactada, esta norma solo generará incertidumbre en el sector. Esto es todavía más determinante en un momento de recesión como el actual en el que la digitalización ha probado ser clave para la supervivencia de muchos negocios.
De hecho, una regulación de este tipo no solo afecta a las plataformas digitales de delivery que operan bajo un modelo de colaboradores autónomos, sino a todas las empresas cuya actividad ha pasado a depender o se ha visto impulsada en mayor o menor medida por ellas, como ha sucedido en el caso de numerosos restaurantes y comercios minoristas.
La inseguridad jurídica derivada de esta norma está también relacionada con la propuesta de que estas empresas tengan que desvelar sus algoritmos, lo que, además vulnera el secreto comercial y la propiedad intelectual de las empresas. Esta medida, por cierto, afectaría no solo a las plataformas digitales de delivery, sino al resto de empresas. En este sentido, creemos conveniente reevaluar el impacto de esta obligación sobre la tan necesaria digitalización de las empresas españolas.
Confiamos en que, durante el proceso de elaboración de la norma, se pueda trabajar para evitar este daño irreversible a un sector en pleno desarrollo y que está contribuyendo a la economía española y proporcionando un servicio de gran valor. Es fundamental que España se sume al debate internacional sobre la regulación del trabajo en plataformas en lugar de regular unilateralmente la cuestión, discriminando un modelo empresarial concreto.
Por eso, volvemos a tender nuestra mano para trabajar, junto a las administraciones públicas, las empresas y el resto de actores implicados, en el diseño de una regulación inteligente y moderna, adaptada al siglo XXI, que proteja al trabajador, sin frenar la innovación ni la transformación económica y social de nuestro país.