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CAEA solicita a las Administraciones que actúen ante el hurto multirreincidente en el comercio de alimentación y perfumería

Denuncia el grave perjuicio que supone para el sector comercial, propiciando la actuación de bandas organizadas

La Junta Directiva de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA), reunida con fecha 3 de diciembre de 2019, ha acordado solicitar a las Administraciones Públicas que actúen ante el grave perjuicio que supone para el sector comercial de alimentación y perfumería los hurtos multirreincidentes y los robos, problemas de seguridad que se han incrementado significativamente dando lugar a auténticas bandas organizadas que se dedican al robo de productos de valor, como los ibéricos, bebidas alcohólicas, perfumes, cremas o maquillaje.

La Administración despilfarra al año más de 300 millones de euros por el hurto multirreincidente, y a esa cantidad hay que sumar los 1.800 millones de euros que pierde el comercio y que repercute en los ciudadanos a través de destrucción de empleo, inseguridad y alza de precios, según el Documento de Posición ante el Hurto Multirreincidente elaborado por la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de la CEOE y aprobado por su Junta Directiva el pasado 20 de noviembre, en el que se demanda la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la ejecución de delitos leves, documento que la Junta Directiva de CAEA ha apoyado y valorado muy positivamente.

La presidenta de CAEA, Virginia González Lucena, ha indicado que el sector de alimentación y perfumería “es especialmente sensible a este tipo de delitos, sufriendo una gran indefensión ante la impunidad con la que actúan los delincuentes, que saben perfectamente qué productos de mayor valor tienen que sustraer de los lineales. Es por ello que hemos solicitado a la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Comercio, la creación de un órgano de coordinación en materia de seguridad, con la participación de todos los agentes implicados, que impulse las medidas necesarias para minimizar el impacto negativo de estos delitos en el sector comercial”.

“En la actualidad no existe una herramienta jurídica para luchar contra la multirreincidencia en el hurto de menos de 400 euros, y este vacío legislativo abre una brecha a las bandas organizadas que se dedican al robo de productos de valor que después encuentran con facilidad un mercado negro para esos artículos, saliendo gratis al delincuente profesional, con la consiguiente permanente desmotivación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, concluyó Virginia González Lucena.

Teniendo en cuenta la evolución de denuncias, juicios suspendidos, sentencias, y que no hay consecuencias para el infractor una vez juzgado, dado que se le imponen penas de multa que rara vez se pagan, dicho documento de la CEOE concluye que esta práctica sale gratis al delincuente profesional, supone un despilfarro para las Administraciones Públicas, un sobrecoste innecesario para el ciudadano y la desmotivación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En este sentido, la impunidad de las bandas organizadas que se dedican al hurto en el comercio se ha incrementado, y las sentencias para hurtos reincidentes se limitan al pago de multas que raramente se hacen efectivas, manteniéndose el ritmo de denuncias en torno a las 700.000 al año, sin que tengan consecuencias para los delincuentes. 

La realidad a día de hoy es que no existe una herramienta jurídica para luchar contra la multirreincidencia de menos de 400 euros. Esto ha derivado en que las bandas organizadas operen impunemente ante la impotencia de todos los actores afectados: los ciudadanos, que han visto incrementada su inseguridad; los comerciantes, que se estima que pierden unos 1.800 millones de euros* al año y temen por la seguridad de sus empleados; y las fuerzas policiales, que no ven el fruto de su trabajo. Es preciso señalar que los hurtos los realizan bandas organizadas que buscan productos de alto valor, como botellas de alcohol o embutidos de calidad, y que encuentran fácil salida en el mercado negro.

Ante esta situación, CEOE reclama la modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la Ejecución de Delitos Leves con el objetivo de ganar operatividad:

  • Reforma del Código Penal: 

La propuesta consiste en añadir al Artículo 235 dos puntos, bis y ter, por los cuales, cuando existan dos delitos de hurto menores de 400 euros, se pueda imponer multa de 1 a 3 meses y orden de alejamiento. Y, en caso de un tercer delito por hurto, imponer pena de prisión de 6 a 18 meses y orden de alejamiento.

 

  • Ley de Enjuiciamiento Criminal para la Ejecución de Delitos Leves:
  • Que el juez imponga sentencia in voce cuando el denunciado asista a juicio y se conforme con la pena. Además, requerirá en sala el pago de la multa y realizará los apercibimientos legales necesarios conforme al Art. 48 del Código Penal.
  • El juez requerirá al condenado el pago de la multa en el plazo de 30 días con reducciones por pronto pago. En caso contrario, se sustituirá automáticamente la pena de multa por 1 día de prisión por cada dos multas impagadas.
  • El juez requerirá a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que notifiquen in situ citaciones a juicio, sentencias, etc. a las personas que las tengan pendientes cuando las identifiquen. Para ello, es necesario que los juzgados tengan una base de datos con toda la información de estas personas actualizada.

 

*Datos estudio AECOC y EY sobre la pérdida en el retail comercial 2018 entre hurto y errores administrativos.

 

El impacto económico y social del problema del hurto multirreincidente en el comercio no es un problema del sector, sino de la sociedad en su conjunto, ante el que es posible poner medidas. Un ejemplo fue la reforma del Código Penal que tuvo lugar en el año 2015. Esta preveía que la comisión de cuatro faltas en menos de un año se transformaba en delito e introdujo un tipo agravado aplicable a la multirreincidencia. Aunque el problema del hurto no se vio plenamente resuelto, los resultados fueron muy positivos al recuperarse la confianza en las herramientas jurídicas que el sistema aportaba.

La Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) está integrada por 28 grupos empresariales mayoristas y minoristas del sector comercial de distribución de alimentación y perfumería, supermercados de proximidad y formatos cash en Andalucía. Sus empresas poseen un volumen de facturación de 29.000 millones de euros a nivel nacional (8.500 M€ en Andalucía), 9.000 establecimientos comerciales (4.000 en Andalucía), 125.000 empleados en España (45.600 en Andalucía), 5.000 franquiciados o socios, más de 4 millones de metros cuadrados de superficie comercial y más de 2 millones de metros cuadrados de superficie de almacén y logística.