La pandemia ha impactado duramente en el empleo del sector Hostelero, hasta el punto de que en Marzo de 2021 solo están trabajando la mitad de personas que venían haciéndolo durante ese periodo en 2019. No obstante, los ERTEs impulsados desde el diálogo social han permitido que, por el momento, al menos un 50% de ese impacto sea coyuntural. Para evitar que este impacto en el empleo se consolide como estructural resulta fundamental prorrogar las medidas vigentes más allá del 31 de Mayo, activar la negociación colectiva e implementar medidas a medio plazo, en forma de instrumentos de flexibilidad interna, programas de recualificación y revisión de la legislación sobre relación laboral fija discontinua.
Los datos de afiliación a la seguridad social evidencian el impacto de la pandemia sobre el empleo en el sector de Hostelería, al haberse pasado de 1.252.767 personas en alta en régimen general en Marzo de 2019 (o 1.242.680 en Febrero de 2020, antes del estallido de la pandemia) a 985.046 personas en alta en Marzo de 2021, de las que 355.316 están en situación de ERTE en sus diferentes modalidades.
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También se ha producido un impacto, aunque sensiblemente menor, sobre el número de empresas de Hostelería inscritas en la Seguridad Social (de 177.129 a 158.518, un 10,5%) y sobre el número de personas en alta como autónomas (de 320.217 a 314.999, un 1,6%). Es decir, el principal impacto se produce muy claramente sobre el empleo por cuenta ajena, amenazando con destruir la mitad del empleo que se venía generando en el sector y/o precarizar aún más sus condiciones, si no se siguen adoptando medidas.
Aunque se observa un ligero cambio de tendencia en la evolución del empleo y en el número de empresas, la incertidumbre sobre los plazos de recuperación turística y el elevado volumen de personas en ERTE, siguen haciendo imprescindible actuar, en los marcos de diálogo social y de negociación colectiva, en defensa del mantenimiento del empleo.
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Desde CCOO Servicios consideramos esencial que se prorroguen más allá del 31 de Mayo las medidas articuladas a través de los sucesivos ASDE en materia de ERTEs y prestaciones (de desempleo y extraordinaria para fijos discontinuos), a fin de evitar que se consolide un impacto que se está consiguiendo mantener como coyuntural, superior a los 350.000 empleos.
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No obstante, más allá de la coyuntura, hay que establecer medidas de flexibilidad interna como alternativa a medidas extintivas, pudiendo articularse mecanismos de reducción de tiempo de trabajo en forma de novación contractual temporal (acompañados por condiciones incentivadas, mecanismos indemnizatorios proporcionales, reconocimiento parcial de prestación contributiva y previsión de restablecimiento a tiempo completo), combinados con programas de recualificación y formación complementarios, así como procesos de transición hacia la jubilación de personas de determinadas edades y sectores. También resulta necesaria una revisión de la legislación en materia de relación laboral fija discontinua, dándole la consideración y derechos como indefinida a todos los efectos, más allá del carácter estacional de la prestación de servicios.
Finalmente, resulta estratégico reactivar la negociación colectiva como ámbito imprescindible para construir conjuntamente, entre empresas y personas trabajadoras, el presente y el futuro del sector. Una negociación colectiva que está en el dique seco, en parte por las circunstancias, pero sobre todo porque las patronales han aprovechado las mismas como excusa para evitar sentarse a hablar: De un total de 56 convenios provinciales solo hay 14 en periodo de vigencia. Entre Diciembre de 2019 y Diciembre de 2020 han vencido 33 convenios provinciales, que se suman a otros
9 vencidos con anterioridad. Una situación de bloqueo que empieza a ser insostenible, a la que se suman los primeros EREs en empresas emblemáticas de subsectores clave como Hospedaje, Restauración colectiva y Comida rápida, tras haberse estado beneficiando de las diferentes medidas impulsadas desde el diálogo social.
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