• La oferta de viviendas turísticas activas en plataformas cayó un 12,4% interanual en noviembre de 2025, en un contexto en el que España alcanzó máximos históricos de demanda turística. • GuestReady defiende que la solución no pasa por una prohibición generalizada, sino por una regulación proporcionada, profesionalizada, trazable y adaptada a la realidad de cada territorio.
España atraviesa uno de los momentos de mayor demanda turística de su historia. En 2025, el país rozó los 96,8 millones de turistas internacionales y alcanzó los 134.712 millones de euros de gasto turístico, mientras los hoteles registraron 366,7 millones de pernoctaciones y el alojamiento extra hotelero sumó 146,3 millones. En este contexto, el alquiler vacacional se ha consolidado como una oferta complementaria dentro del sistema alojativo, especialmente en destinos con alta estacionalidad, menor planta hotelera o fuerte demanda de familias, grupos y estancias flexibles.
Según el análisis realizado por GuestReady a partir de datos oficiales y fuentes sectoriales, una desaparición o prohibición generalizada del alquiler vacacional podría afectar a la competitividad turística, a la capacidad para absorber picos de demanda y a la distribución del gasto en el territorio. En noviembre de 2025, las viviendas turísticas activas en plataformas se situaron en 329.764, equivalentes al 1,24% del parque residencial, tras una caída interanual del 12,4%, lo que refleja un mercado cada vez más regulado y sometido a mayores exigencias de trazabilidad y control.
Barcelona es uno de los ejemplos más claros de este debate. En la ciudad, los pisos turísticos legales representan aproximadamente el 1% del parque residencial, mientras que el acceso a la vivienda responde a factores estructurales más amplios, como las viviendas vacías, usos económicos de inmuebles, falta de nueva construcción, inseguridad jurídica, presión fiscal y menor oferta disponible para alquiler residencial. Además, pese a la moratoria de nuevas licencias desde 2014, el precio del alquiler ha seguido aumentando de forma relevante, lo que refuerza la idea de que eliminar el alquiler vacacional legal no resolvería por sí solo el problema residencial.
Un impacto desigual sobre turismo, precios y economía local
De acuerdo con el análisis, la eliminación generalizada del alquiler vacacional reduciría la flexibilidad de la oferta alojativa y limitaría la capacidad de determinados destinos para absorber picos de demanda, especialmente durante temporadas altas, grandes eventos, periodos vacacionales o momentos de alta ocupación. Este impacto sería especialmente relevante en islas, zonas de costa, municipios con menor planta hotelera y destinos secundarios donde la vivienda turística permite distribuir mejor la demanda.
Además, la desaparición de esta oferta no afectaría únicamente a propietarios o gestores. En Barcelona, según datos compartidos por Apartur, la actividad vinculada a los pisos turísticos legales sostiene cerca de 40.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos, con impacto en comercio, restauración, transporte, limpieza, mantenimiento y servicios de proximidad. También aporta plazas relevantes para acoger turismo familiar, congresos internacionales, grandes eventos y viajeros que buscan formatos más flexibles que la habitación hotelera tradicional.
La vivienda exige soluciones específicas, no respuestas homogéneas
El análisis concluye que una prohibición generalizada del alquiler turístico tendría un impacto limitado y territorialmente muy concentrado en los problemas de vivienda, que responden sobre todo a factores estructurales como el crecimiento de hogares, la escasez de obra nueva, la baja oferta de vivienda social y las fricciones regulatorias y urbanísticas.
En este contexto, GuestReady considera que el caso de Barcelona refleja la dificultad de abordar un problema de mercado actuando sobre una parte reducida del parque residencial. La compañía defiende priorizar medidas que amplíen la oferta de vivienda, movilicen inmuebles vacíos, refuercen la seguridad jurídica, combatan la oferta ilegal y diferencien entre actividad profesional, usos irregulares y situaciones de saturación.
Estas distinciones son clave en un entorno de mayor regulación, con nuevas exigencias de autorización en comunidades de propietarios y un marco de supervisión más estricto, que tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el Registro Único de Arrendamientos, refuerza la necesidad de coordinación entre administraciones y de sistemas de control eficaces y proporcionados.
La solución: regulación proporcionada, datos y profesionalización
Para GuestReady, la respuesta más eficaz no pasa por eliminar de forma indiscriminada el alquiler vacacional legal y profesional, sino por avanzar hacia un modelo de regulación mejor diseñado, proporcionado, transparente y basado en datos. La compañía defiende que el mensaje no debe ser “no regular”, sino “regular mejor”: con seguridad jurídica, intercambio de información con plataformas, registros autonómicos eficaces, estándares operativos, fiscalidad, seguros, atención a incidencias, límites territoriales en zonas tensionadas e inspección efectiva contra la oferta ilegal.
“España no dejaría de recibir turismo sin los alquileres vacacionales, pero sí perdería capacidad flexible; el reto no es regular más una parte reducida del parque, sino hacerlo mejor, con datos, seguridad jurídica y control de la oferta ilegal. En GuestReady defendemos reglas claras y la profesionalización del sector como base para un mercado más ordenado y sostenible”, afirma Lorenzo Ritella, Country Manager de GuestReady en España.