El Reglamento base sobre la Reforma de la Política Pesquera Común parece un documento que nos trasmite “No me la cambien o cámbienmela poco”. La Comisión con la Reforma de la PPC debe ser valiente y realizar una reforma ambiciosa ya que se trata de una política con base jurídica para diez años. El sector industrial transformador y comercializador de productos del mar y de la acuicultura y de conservas de pescados y mariscos, manifiesta su sorpresa y malestar por la propuesta de la Política Pesquera Común realizada recientemente por la Comisión Europea en la que el sector ha vuelto a ser el gran olvidado.
La industria transformadora de productos del mar y de la acuicultura, socio natural del sector extractivo (pescadores y acuicultores), representa casi el doble del valor de las producciones acuícola y de capturas desembarcadas combinadas, ya que tal como expone la Web de la Comisión Europea: “el valor de la producción del sector de transformación pesquera asciende a alrededor de 18.000 millones de euros al año”[1]. Teniendo en cuenta estos datos no se entiende como en la reciente propuesta de la Comisión, el sector industrial transformador de productos de la pesca y de la acuicultura, con toda su importancia socioeconómica, ha vuelto a ser ignorada, lo que provoca una total incertidumbre para el desarrollo de su actividad en el futuro.
Para la industria transformadora y comercializadora de productos de la pesca y de la acuicultura es vital el aseguramiento de su abastecimiento puesto que garantizar la continuidad de esta industria repercute tanto social como económicamente en la economía mundial, a la luz de los datos aportados por la Comisión, en donde, “las empresas del sector de transformación de pescado son especialmente vulnerables a las fluctuaciones de los suministros”.
Uno de los diversos temas que provocan recelo y preocupación en las empresas del sector son los Acuerdos que la Unión Europea está estableciendo con Terceros Países, es decir la dimensión externa en su acceso al mercado comunitario, principalmente productos Asiáticos (Tailandia, Papua Nueva Guinea, ,..) que pueden perjudicar el mantener el tejido social en las localidades de nuestro litoral, para ello, la Unión Europea debe ejercer una defensa activa de los intereses del sector comunitario, tanto desde el punto de vista extractivo como transformador, de manera que no afecte a la industria comunitaria, y sobre todo para las conservas y preparados de atún, productos considerados como sensibles, tal como se refleja en el Estudio sobre el abastecimiento y la comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura en la Unión Europea (2009), elaborado por la DG Mare, y que debería ser contemplado también dentro de la Dimensión Externa así como dentro de la Organización Común de Mercados, tal como ya se había solicitado a la Comisión.
En relación con la Política de Mercados y en la Organización Común de Mercados, tal como refleja la Comisión en su propuesta, “está debe contribuir a la consecución de los objetivos de la PPC, ayudar al sector pesquero en la aplicación de la PPC al nivel apropiado y mejorar la competitividad, en particular de los productores”, donde se puede ver claramente cual es el enfoque que la Comisión quiere dar a esta propuesta y donde se sobrevalora a un eslabón de la cadena sin tener en cuenta al resto, industria y comercialización, eslabones que sin los cuales el sector productor no tendría cabida. La sostenibilidad debe extenderse desde el punto de vista social, económico y medioambiental pero de toda la cadena de valor, cosa que no se hace.
Además dicha propuesta se saca sin sacar ni el nuevo Reglamento sobre el nuevo Instrumento Financiero cubrirá la Reforma lo que añade mayor incertidumbre.
Por ello, el sector industrial transformador y conservero de productos del mar se ve una vez más perjudicado al no conseguir un reconocimiento específico y amplio, por lo que solicitamos el que se reconsidere la propuesta de la Política Pesquera Común y se contemple en la misma a todos los “stakeholders” de la cadena productiva, ya que la futura Política Pesquera Común debe garantizar la sostenibilidad de todo el sector, incluido el transformador y conservero de pescados y mariscos, desde el punto de vista de los aspectos sociales, económicos y medioambientales de manera equilibrada para todos.