El secretario general de Agricultura y Alimentación señala que la agricultura familiar es un elemento clave en el futuro de nuestra agricultura

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha subrayado hoy que el Gobierno ha diseñado, con la colaboración de las comunidades autónomas y los representantes del sector agrario, una Politica Agraria Común (PAC) que va a beneficiar especialmente a la agricultura y ganadería familiar y profesional, que representa a la gran clase media del campo español. Según ha recalcado, la agricultura familiar desempeña un papel clave para hacer frente a los retos de futuro.

Fernando Miranda ha clausurado hoy el acto de presentación del “Anuario 2022 de la Agricultura Familiar en España”, de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), donde también se ha hecho entrega de los premios de la Fundación de Estudios Rurales.

En su intervención, el secretario general ha señalado que nos encontramos en un momento clave para el sector agroalimentario, con una cifra récord de producción agraria de 56.400 millones de euros en 2021 y un dinamismo exportador que ha ido creciendo en los últimos años hasta alcanzar un valor de 62.102 millones de euros en el año móvil hasta abril de 2022. Datos que le afianzan como un sector estratégico para nuestro país.

No obstante, ha precisado que el sector se enfrenta actualmente a dificultades coyunturales, como el incremento de los costes de producción o los episodios de sequía, cuyos efectos están afectando a la rentabilidad de las explotaciones. Para ayudar al sector, el Gobierno ha puesto en marcha importantes medidas, a través de tres reales decretos leyes, que suman más de 1.000 millones de euros.

Así, ha mencionado la rebaja generalizada del 20 % en el rendimiento neto del IRPF; préstamos bonificados de la línea ICO-MAPA-SAECA y ayudas para avales; la rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible, que se ha prorrogado hasta finales de año; o el incremento de las ayudas a los seguros agrarios.

También se ha referido a las ayudas directas para los sectores afectados, la flexibilización de la normativa para poder sembrar este año en las superficies de barbecho o la autorización para convertir en ayudas directas hasta un 5 % de los Fondos Europeos de Desarrollo Rural (FEADER) no ejecutados.

Por otra parte, ha hecho hincapié en los retos a medio y largo plazo, como la mejora de la sostenibilidad del sector, en su triple vertiente económica, social y ambiental. El secretario general considera que es posible contar con una agricultura más verde y, al mismo tiempo, más productiva, gracias al conocimiento y la innovación.

En este sentido, ha asegurado que llevar a cabo prácticas más sostenibles no es solo una demandada de los consumidores, sino que contribuyen a mejorar la productividad de la tierra y del ganado y son un factor diferenciador de nuestras producciones.

 

INSTRUMENTOS DE APOYO

Para afrontar con éxito esta necesaria transición ecológica y digital, el sector cuenta con importantes instrumentos de apoyo, como la nueva Política Agraria Común, en la que se han incrementado las ayudas asociadas que benefician a la ganadería y a cultivos de gran importancia social.

En este marco, se van a destinar 220 millones de euros al año para impulsar el relevo generacional, además de incorporar el enfoque de género, lo que va a permitir incrementar las ayudas para las mujeres jóvenes que se instalan en una explotación agrícola o ganadera.

A estas ayudas hay que sumar los 1.051 millones de euros que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destina al sector primario y los 1.800 millones del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación del Sector Agroalimentario. El sector va a contar, hasta 2027, con el mayor apoyo público que ha tenido jamás, y con un enorme potencial transformador.

Además de los apoyos económicos, el secretario general ha destacado la importancia de las medidas legislativas emprendidas, como normativa sobre nutrición sostenible de suelos agrícolas, la ordenación de los sectores ganaderos o la reforma de la ley de la cadena alimentaria para lograr una retribución más justa de aquellos que producen los alimentos.

En todo caso, Miranda ha recalcado la necesidad de fomentar el cooperativismo, no solo para incrementar la capacidad de negociación de los precios, sino para mejorar los procesos de transformación y comercialización, dando mayor valor añadido a los productos.

A este respecto, el ministerio ya ha concedido más de 180 millones de euros de ayudas para las inversiones que llevan a cabo las entidades asociativas prioritarias. Estas ayudas contarán con 50 millones de euros en cada una de las convocatorias de 2022 y 2023.