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La secretaria general de Pesca analiza con eurodiputados españoles las últimas decisiones de la UE sobre el plan del Mediterráneo

La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, ha mantenido hoy una reunión en Bruselas con europarlamentarios españoles de los diferentes grupos políticos para analizar la situación de la aplicación en España del Reglamento 2019/1022, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental. 

La secretaria general ha pormenorizado los resultados del Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) celebrado los pasados 12 y 13 de diciembre, en el que España votó en contra de las medidas propuestas por la Comisión Europea, que se aprobaron por mayoría cualificada, y ha transmitido a los representantes españoles la opinión del Gobierno de España contraria a nuevas bajadas de los días de esfuerzo disponibles, sin una evaluación previa de los efectos de las ya realizadas en 2020 y 2021. Villauriz ha abogado por aplicar medidas alternativas basadas en vedas espacio temporales y medidas técnicas orientadas hacia la mejora de la selectividad de las artes, que cuentan con un importante aval científico sobre su mayor idoneidad para conseguir los objetivos de recuperación perseguidos.

Los dos primeros años de aplicación del reglamento ya han tenido un impacto significativo sobre el sector pesquero español, por ello, el Gobierno considera que, antes de tomar nuevas decisiones, es preciso tener en cuenta sus efectos sobre los pilares social, económico y de empleo que también contempla la Política Pesquera Común.

La secretaria general ha reiterado, una vez más, el ineludible compromiso de España con una gestión pesquera sostenible en el Mediterráneo, pero considera necesario llevarla a cabo desde la defensa de un enfoque integral y equilibrado en la aplicación de este plan plurianual.

Para ello, considera imprescindible analizar el impacto que se está produciendo, antes de seguir avanzando con cualquier nueva medida. Se puede y se debe exigir a la Comisión Europea, ha dicho la secretaria general, una evaluación completa, desde el comienzo de la aplicación del reglamento hasta el momento, que incluya una valoración integral del impacto social y económico sobre el sector pesquero. Asimismo, resulta procedente dar un margen suficiente para valorar los efectos de las amplias medidas ya adoptadas en España, no solo de la importante reducción del esfuerzo pesquero realizado, sino de las vedas espaciotemporales que se han implantado.

Finalmente, ha recordado a los eurodiputados que España ha hecho un gran trabajo durante el último año, en colaboración con el sector pesquero y los institutos científicos, que aunque por el momento no ha sido tenido en cuenta por la Comisión Europea en el Consejo, cuenta con suficientes argumentos científicos, que demuestran que la consecución del Rendimiento Máximo Sostenible, el objetivo del plan plurianual, se debería de basar en una gestión pesquera que apueste por la mejora de la selectividad de los artes de pesca, y no en una reducción adicional de los días de pesca que, como reconoce incluso el propio (Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (STECF) por sus siglas en ingles), no tiene una relación directa con la mortalidad por pesca.