La subida de la electricidad, el gasóleo y las materias primas de los envases presiona los costes de la distribución, mientras el IPC alimentario se mantiene en el 2,7%, más de dos puntos por debajo de la inflación general.
Los supermercados españoles acumulan un sobrecoste superior a los 130 millones de euros como consecuencia del encarecimiento de la energía, los combustibles y las materias primas utilizadas en la fabricación de envases plásticos. El impacto económico de estas subidas se sitúa entre 20 y 25 millones de euros mensuales, en un contexto marcado por las tensiones derivadas del conflicto en Oriente Medio y su repercusión sobre los mercados energéticos y petroquímicos.
La presión sobre los costes se concentra en tres partidas fundamentales para la actividad de la distribución alimentaria: el suministro eléctrico, la logística y los materiales de envasado. En el ámbito energético, los servicios de ajuste eléctrico han registrado un incremento del 53% respecto a octubre de 2025, una evolución que repercute directamente en las facturas de las empresas.
A esta subida se añade el encarecimiento del transporte. El precio del gasóleo ha aumentado un 35,5% en el último año, elevando los costes de los operadores logísticos y afectando a los procesos de aprovisionamiento y distribución de mercancías. Por su parte, las materias primas plásticas han experimentado un incremento del 25%, debido, entre otros factores, al impacto de las tensiones geopolíticas sobre la industria petroquímica.
Estas tres partidas están trasladando una presión adicional a las cuentas de las empresas de distribución, que deben afrontar el aumento de los gastos operativos en un mercado altamente competitivo y con una demanda especialmente sensible a la evolución de los precios.
Los alimentos contienen la inflación
Pese al incremento de los costes empresariales, la evolución de los precios de los alimentos continúa siendo más moderada que la del conjunto de la economía. Según los datos recogidos en la información sectorial, el IPC alimentario se situó en el 2,7% interanual en septiembre, frente al 4,9% de la inflación general, que sumó seis décimas respecto al mes anterior, impulsada principalmente por los carburantes y los paquetes turísticos.
Esta diferencia refleja la capacidad de la cadena agroalimentaria para amortiguar parte de las subidas que se producen en sus distintos eslabones. La distribución desempeña un papel relevante en este proceso, al tratar de contener el traslado de los mayores costes al consumidor final sin perder competitividad.
La variedad de enseñas, formatos comerciales y referencias disponibles también permite a los hogares adaptar sus decisiones de compra a su presupuesto. En este sentido, el denominado downtrading, que consiste en optar por productos más económicos o cambiar a alternativas de menor precio, contribuye a moderar el impacto de la inflación sobre el gasto alimentario.
Un estudio de Kantar (Worldpanel by Numerator) de 2023 estima que este comportamiento puede reducir hasta tres veces el impacto de la inflación en los precios de la alimentación.
La presión sobre los costes continúa
La evolución de los precios en la cadena agroalimentaria depende de factores que no siempre se trasladan al mercado al mismo ritmo. A las variaciones de la electricidad, los carburantes y los materiales de envasado se suman las particularidades de cada actividad y la estacionalidad de las campañas agrícolas, que condicionan la disponibilidad y el coste de determinados productos.
En este escenario, la contención de los precios alimentarios observada desde marzo contrasta con el avance de la inflación general y pone de relieve el esfuerzo de las empresas para absorber parte del incremento de sus gastos.
El reto para la distribución será mantener esta capacidad de contención si persiste la presión sobre los suministros, especialmente en dos ámbitos esenciales para el negocio: la energía necesaria para operar los establecimientos y la logística que garantiza el abastecimiento de las tiendas.