Las reformas llevadas a cabo bajo la presidencia irlandesa potencian el mantenimiento de la agricultura en España. Se elimina la tasa plana obligatoria prevista para 2020 que podría haber sido muy perjudicial para comunidades como Andalucía
El 29 de enero de 2015 coincidieron Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Simon Coveney, su homólogo irlandés, en el foro de ASAJA-ICAM "2015 nueva Política Agraria Común (PAC). Retos y oportunidades" celebrado en Sevilla. Dentro del Marco Financiero plurianual, la presidencia irlandesa ha contribuido a aumentar los recursos inicialmente previstos, alcanzando los 47.000 millones de euros para los agricultores españoles durante los próximos siete años. "Una cuantía que mantiene el nivel de financiación que España percibía de la PAC", ha subrayado la ministra española. "Logramos una PAC flexible sin tasa plana obligatoria en 2020, que habría sido muy perjudicial, en particular para Andalucía, introduciéndose en su lugar una convergencia interna, progresiva y limitada", sentenció García Tejerina.
Allí la ministra se encargó de recordar el daño que habría ejercido sobre la sociedad agrícola y ganadera española la propuesta inicial de la Comisión Europea para la reforma de la PAC. Alabó el esfuerzo realizado por el ministro irlandés y remarcó que sólo tres países defendieron la PAC como una prioridad: España, Francia e Irlanda. Entre los logros destacados por el Ministerio de Agricultura respecto a esta nueva PAC, están evitar la reducción de la ayuda media por hectárea, el pago básico regionalizado que será percibido sin necesidad de requisitos adicionales o la especial atención que se prestará a cultivos con dificultades como el arroz o los cultivos industriales. "Acordamos entre todos dedicar a estos sectores un 12% de las ayudas directas durante los próximos 7 años", valoró la ministra española.
Cabe añadir la especial atención prestada por el gobierno en los jóvenes del sector, cuyo futuro busca asegurarse mediante ayudas directas que garanticen su sostenibilidad y crecimiento, con el objetivo de incorporar unos 15.000 en los próximos siete años al mercado de trabajo en el sector y subvenciones al regadío por valor de 8.300 millones destinados al Desarrollo Rural, un 3% más que en el periodo anterior; además de contar con un Programa Nacional orientado a la integración cooperativa. y con programas regionales, que recogen condiciones mucho más flexibles para determinadas medidas.