AICA se ha adaptado al nuevo marco, acatando la sentencia del TC, consiguiendo que sus actuaciones sean más efectivas y el control de la cadena más eficaz.
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) seguirá controlando el cumplimiento de la Ley 12/2013 de 2 de agosto, para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. En consecuencia, puede realizar comprobaciones de denuncias que reciba por incumplimientos de ley, e iniciar de oficio el procedimiento sancionador que corresponda por las irregularidades que constate en el ejercicio de sus funciones.
El Tribunal Constitucional considera inconstitucional que AICA tenga la atribución en exclusiva del establecimiento y desarrollo del régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley de la cadena.
Desde su creación, la Agencia no ha actuado nunca ejerciendo la potestad sancionadora en los supuestos en los que no le corresponde hacerlo, respetando, por tanto, las competencias que tienen las CCAA en esta materia.
La ley de la cadena establece en el artículo 26.1 cuando corresponde la potestad sancionadora a la Administración General del Estado y en el 26.2 cuando les corresponde a las Comunidades Autónomas.
A lo largo de los más de tres años de funcionamiento de AICA se han ido aprobando sucesivamente planes de control donde se incluyen los criterios utilizados para seleccionar sus actuaciones inspectoras. Dichos planes únicamente contienen las actuaciones inspectoras de AICA en el ejercicio de la potestad sancionadora que le corresponde a la Administración General del Estado, en virtud del artículo 26.1 de la Ley 12/2013.
Por todo ello, los expedientes sancionadores en tramitación no se ven afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional, en tanto en cuanto se ajustan al artículo 26.1 de la Ley de la Cadena. Lo mismo ocurre con las sanciones impuestas por incumplir la ley de la cadena. A 30 de junio, la Agencia ha propuesto 686 sanciones por un importe de 8.236.878€.