La subida de precios de los alimentos, lejos de ser un tema que va perdiendo fuerza, sigue estando en el centro del debate público.
Las explicaciones sobre la responsabilidad de esta subida son de lo más dispar en función de la fuente de la información. Parece claro que en el origen de todo se encuentra la subida del precio de los cereales motivada por su escasez en el mercado mundial, fruto de la mayor demanda por parte de economías emergentes como la china o la de la India, y quizá también de la desestima hacia el sector primario en Europa, con una Política Agraria Común (PAC) con graves problemas. A partir de ahí, cada uno pretende arrimar el ascua a su sardina con acusaciones cruzadas entre agricultores y ganaderos, fabricantes, intermediarios y distribución, sobre quién tiene más culpa en la subida de los precios.
En este contexto, la distribución tiene que estar atenta a los distintos indicadores que pueden orientar la evolución del consumo en los próximos, y cruciales, meses. En este sentido, la consultora Deloitte ha hecho público su tradicional informe sobre consumo en Navidad en el que revela que, si bien el gasto total de cada familia española se incrementará un 5,1% hasta alcanzar los 951 euros, la composición del mismo cambia radicalmente, destinando hasta un 40% de este presupuesto a la compra de alimentos, mientras que en 2006 esta partida fue del 24%. Este presupuesto extra que se va a destinar a alimentación se retraerá del gasto en regalos, que baja hasta el 40%, frente al 57,5% de 2006. El 20% restante del presupuesto familiar para estas fiestas se destinará a ocio (18,5% en 2006).
Con una inflación al alza, que en el mes de octubre subió un 1,3% y elevó la tasa interanual hasta el 3,6%, desde distintos ámbitos se está proponiendo medidas para tratar de atajar el incremento de los precios. Y es que hay que tener en cuenta que los productos que más subieron en octubre fueron la ropa y el calzado (9%), la enseñanza (2,4%) y los alimentos y otras bebidas no alcohólicas, que lo hicieron en un 1,9%.
En este escenario, desde la Comisión Nacional de Competencia (CNC), su presidente, Luis Berenguer, ha abogado por permitir a grandes superficies y pequeños comercios que regulen libremente sus horarios, no imponerlos por ley. Se produciría así, a su juicio, un aumento efectivo de la competencia real, y por tanto, una bajada de precios. Considera que parte del problema radica en la restrictiva Ley del Comercio de 1995, que tenía como objetivo frenar la expansión de las grandes superficies comerciales para favorecer la reconversión del pequeño comercio, pero que en realidad ha sido aprovechada por las autonomías para atar en corto a los hipermercados, limitando la apertura de festivos, y para bloquear la implantación de otros nuevos con la necesidad de una segunda licencia autonómica (ahora investigada desde Bruselas). Las declaraciones de Luis Berenguer han sido rápidamente contestadas desde distintas asociaciones de comercio minorista, que aseguran que una mayor libertad de horarios no tiene por qué traer aparejada una reducción de precios, mientras que sí que perpetuarían una especie de oligopolio por parte de las grandes superficies. También el mismo sentido se expresó el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, que abogó por llegar al consenso entre los distintos actores.
Sea o no una solución al problema del encarecimiento de los alimentos, lo que sí está claro es que en la última década las trabas para la implantación al comercio minorista se han incrementado en todas las comunidades autónomas, tal y como revela un reciente informe del Banco de España, que sitúa a Navarra y Asturias a la cabeza en lo que a regulación del comercio se refiere.
Siempre en la vida la situaciones de crisis suelen forzar a los cambios. Habrá que estar atentos.