El crecimiento sostenido de las bajas laborales por contingencias comunes ha pasado de ser una preocupación recurrente a convertirse en un factor estructural que condiciona la operativa y la rentabilidad de la distribución alimentaria en España. El sector cerró 2025 con un coste total de 1.180 millones de euros, un 13% más que el año anterior y un 155% por encima de los niveles de 2018, según el informe elaborado por AMAT y presentado junto a Asedas.
Se trata de una cifra récord que refleja no solo el incremento del número de procesos, sino también su mayor duración y complejidad. Del total, 656 millones de euros correspondieron a prestaciones económicas de la Seguridad Social gestionadas por mutuas (56%), mientras que el coste directo para las empresas ascendió a 524 millones (44%).
Durante la presentación, el director general de Asedas, Ignacio García Magarzo, lanzó un mensaje contundente: “Estos datos nos hacen pensar que es un grave problema social al que nos enfrentamos”. A su juicio, la evolución de los últimos años evidencia que “se ha disparado y se ha convertido en un fenómeno anormal”, hasta el punto de calificar el absentismo como una “pandemia silenciosa” por su impacto creciente y sostenido en la actividad empresarial.
Más procesos, más concentración y mayor presión sobre las plantillas
El incremento del coste va acompañado de un aumento del volumen de bajas. En 2025 se registraron 386.687 procesos en el sector, un 9% más que en 2024 y un 67% más que en 2018. La cifra sitúa a la distribución alimentaria por encima de la media nacional en la población protegida por mutuas, lo que refuerza la idea de que el fenómeno tiene una especial incidencia en este ámbito.
Sin embargo, uno de los elementos que más preocupa a las empresas no es solo el volumen, sino su distribución. El informe revela que el 6% de los trabajadores concentra el 49% de las bajas, un dato que introduce una fuerte distorsión en la organización del trabajo y en la carga operativa de los equipos.
A esto se suma un patrón semanal claramente definido: los lunes concentran el 22% de los procesos y los viernes el 16%, mientras que los fines de semana registran entre el 10% y el 12%. Esta concentración en momentos clave de la semana comercial obliga a reforzar la planificación en tienda y dificulta la asignación eficiente de recursos.
El impacto en tienda: menos previsión, más complejidad
La traslación de estos datos a la realidad operativa del sector es inmediata. La directora de Recursos Humanos de Gadisa, Clara de Lorenzo, explicó que “las ausencias imprevistas generan una distorsión en el día a día de la actividad”, especialmente en el caso de tiendas con plantillas reducidas o modelos de franquicia, donde la capacidad de reorganización es limitada.
En paralelo, el director de Relaciones Externas de Consum, Javier Quiles, puso el foco en las limitaciones normativas: “La normativa actual impide conocer la duración prevista de las bajas”, lo que complica significativamente la planificación. Quiles también aludió a la “dicotomía entre la entidad que emite la baja y la que la gestiona”, así como a la rigidez de los periodos predeterminados, factores que, en su opinión, restan agilidad al sistema.
Este contexto obliga a las compañías a operar con elevados niveles de incertidumbre, incrementando los costes indirectos asociados a sustituciones, reorganización de turnos y pérdida de productividad.
Brecha asistencial: hasta 37 días de diferencia en la recuperación
Uno de los aspectos más relevantes del informe es la diferencia en la duración de las bajas en función del sistema sanitario que gestiona el proceso. En patologías traumatológicas, la duración media alcanza los 82 días cuando la atención se realiza en el sistema público de salud, frente a los 45 días cuando intervienen las mutuas.
El director gerente de AMAT, Pedro Pablo Sanz, subrayó que “los trabajadores podrían recuperar su salud 37 días antes”, lo que abriría la puerta a un ahorro potencial de más de 200 millones de euros en el sector. En concreto, 132 millones corresponderían a la Seguridad Social y 79 millones a las empresas.
Este diferencial ha reactivado el debate sobre el papel de las mutuas y su posible mayor implicación en la gestión sanitaria de determinados procesos, especialmente los de carácter traumatológico y musculoesquelético.
Jóvenes con mayor incidencia y dudas sobre el origen del fenómeno
El análisis por edad introduce otro elemento de complejidad. Los trabajadores de entre 16 y 35 años registran la mayor incidencia, con 50,66 procesos mensuales por cada 1.000 empleados, lo que supone un incremento del 152% respecto a 2018.
García Magarzo mostró su preocupación por esta tendencia: “Los trabajadores jóvenes acumulan más bajas que los de mayor edad”, señalando que se trata de una dinámica que “se viene consolidando en los últimos años”.
En algunos ámbitos del sector, esta evolución ha abierto incluso el debate sobre posibles comportamientos irregulares en una parte de los procesos. En este sentido, se apunta a la necesidad de diferenciar entre situaciones justificadas y posibles usos indebidos del sistema.
En el extremo opuesto, los trabajadores mayores de 55 años presentan una menor incidencia (25,85 procesos), pero con duraciones mucho más elevadas, alcanzando los 97 días de media por baja. Este contraste obliga a diseñar estrategias diferenciadas en la gestión de los recursos humanos.
Un problema multifactorial: sanidad, burocracia y normativa
Más allá del comportamiento individual, el sector coincide en que el aumento de las bajas responde a múltiples factores estructurales. Entre ellos destacan el incremento de las listas de espera en la sanidad pública, la falta de profesionales sanitarios, la escasez de inspectores médicos y la complejidad administrativa en la gestión de los procesos.
El informe apunta a un “laberinto burocrático” que contribuye tanto al aumento del número de bajas como a su prolongación en el tiempo, dificultando la eficiencia del sistema en su conjunto.
Llamamiento a una respuesta coordinada
Ante este escenario, el sector reclama soluciones conjuntas. El director general de Cedac, Roger Gaspa, defendió la necesidad de analizar en profundidad las causas del fenómeno y abordar respuestas “de forma compartida entre todos los agentes implicados”.
En el cierre de la jornada, el presidente de Asedas, Josep Antoni Duran i Lleida, fue especialmente claro: “Estamos ante un gran problema, un problema real cuyo abordaje y solución afectan al conjunto de la sociedad”. El dirigente insistió en que la situación requiere medidas urgentes, independientemente de cómo se denomine el fenómeno.
Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo, reconoció que el incremento de las bajas responde a “un fenómeno complejo” y subrayó la necesidad de una respuesta coordinada, especialmente en el ámbito sanitario. En este sentido, apostó por reforzar la implicación de los servicios públicos de salud y avanzar en la colaboración con mutuas y comunidades autónomas.
Un factor estratégico para el retail
Con todo, la conclusión que se impone en el sector es clara: la gestión de las bajas laborales ha dejado de ser una cuestión meramente laboral para convertirse en un elemento estratégico que impacta directamente en la eficiencia operativa, la organización de las plantillas y la rentabilidad del negocio.
En un entorno de márgenes ajustados y alta competencia, la capacidad para anticipar, gestionar y reducir el impacto de estas ausencias se perfila como uno de los grandes retos del retail alimentario en los próximos años.