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La modificación de la ley de la cadena alimentaria y la reforma de la PAC serán las principales líneas de actuación más inmediatas, según Planas

Con la modificación de la ley de la cadena se reforzará la posición de los productores en sus relaciones comerciales con el resto de los operadores de la cadena alimentaria

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, comparecía el pasado viernes en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado para exponer las líneas generales del MAPA para la XIV Legislatura y explicar las medidas adoptadas por su Departamento durante la crisis sanitaria de la COVID-19.

El ministro aseguraba que su Departamento tiene por delante un plan de trabajo ambicioso, en cuyo desarrollo espera contar con la colaboración de todos los sectores. Entre los principales retos para los próximos meses de la legislatura citaba completar la modificación de la ley de la cadena alimentaria y la reforma de la Política Agraria Común (PAC).

PRINCIPALES INICIATIVAS

La situación vivida por la crisis sanitaria nos ha servido para reflexionar sobre el buen funcionamiento y la resistencia que ha demostrado el conjunto de la cadena alimentaria, que ha trabajado a pleno rendimiento para garantizar el suministro alimentario a la población, según el ministro.

A pesar de los dolorosos momentos vividos, ha quedado patente que la cadena de abastecimiento alimentario en España funciona bien, ya que cuenta con sectores punteros en su labor, desde la producción a la distribución, pasando por la industria agroalimentaria, algo que no es fruto de la casualidad, sino de la constante dedicación y del trabajo bien hecho. En este contexto, el Gobierno ha estado alerta en todo momento para dar respuestas a las distintas situaciones que se han ido planteando.

De cara a la presente legislatura, una de las principales preocupaciones y acciones más inmediatas del Ministerio será completar la modificación de la ley de la cadena alimentaria, una norma pionera en la Unión Europea que ha permitido avanzar en la regulación de las relaciones comerciales, pero que necesita ajustes. El objetivo es lograr que las explotaciones sean más rentables y sostenibles y garantizar así el futuro de un mundo rural vivo.

En la primera fase de esta modificación se ha introducido el coste de producción como elemento obligatorio en las relaciones contractuales, la obligatoriedad del contrato escrito y la prohibición de la venta a pérdidas. Y a finales del mes de octubre, en una segunda fase, se incorporará la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales a la legislación nacional. El ministro espera que se produzca un gran debate en las Cortes Generales sobre el conjunto del sector, los márgenes productivos y su futuro.

Por otra parte, el ministro destacó el valor de la PAC como una herramienta estructural para el desarrollo del sector agroalimentario. El Gobierno de España, de acuerdo con las comunidades autónomas y el sector agrario, defiende que la PAC para el periodo 2021-2027 cuente con una dotación presupuestaria suficiente, al menos la misma cantidad del periodo anterior, para garantizar la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental.

En este contexto, Planas señalaba que las últimas propuestas financieras presentadas por la Comisión Europea suman 26.434 millones de euros suplementarios respecto a la propuesta inicial de mayo de 2018. Para el ministro, se trata de un avance significativo y una buena base de negociación, aunque ha adelantado que se espera una negociación dura y compleja, en las que el Gobierno pondrá toda su energía para lograr el mejor resultado posible.

En este ámbito, el propósito del Gobierno es disponer del Plan Estratégico para su aplicación en España a lo largo del primer semestre de 2021 y ser así uno de los primeros países de la UE en presentarlo. El Gobierno trabajará para lograr un sector agrícola inteligente, resistente y diversificado, intensificar el cuidado del medio ambiente y la acción por el clima, y fortalecer el tejido socioeconómico en las zonas rurales.

En las negociaciones para su aplicación en España, el ministro anunció el inicio del debate político con las comunidades autónomas, en el que se abordará, entre otros aspectos, todas las cuestiones relativas a la ayuda básica a la renta, los ecoesquemas o la definición de quién debe ser el perceptor de las ayudas.

Planas aclaraba que “no se trata de un debate territorial, sino sobre las personas, sobre lo que somos y queremos que sea la agricultura del futuro”. El ministro apostó por apoyar a la agricultura familiar y profesional, que sustenta gran parte del tejido socioeconómico y social de las zonas rurales.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN MATERIA PESQUERA

El ministro expuso las principales líneas de actuación previstas para la presente legislatura en materia pesquera, que se enmarcan en la apuesta del Gobierno por un desarrollo sostenible en las dimensiones económica, social y medioambiental.

Destacó el esfuerzo del sector que se ha adaptado a grandes desafíos a los que ha tenido que hacer frente como la prohibición de los descartes o alcanzar el rendimiento máximo sostenible en la mayoría de las especies comerciales que aprovecha el sector pesquero español en el Atlántico y que ha permitido, sobre la base de la sostenibilidad, mantener una actividad muy importante y de importancia económica para los municipios costeros.

Otro de los grandes retos en materia pesquera para los próximos años será mejorar la gestión y aprovechamiento de los recursos del mar Mediterráneo. Para ello, ya se han introducido cambios en la gestión pesquera para propiciar la recuperación de las pesquerías. El ministro recordaba que desde el 1 de enero ya está en vigor el reglamento comunitario de ordenación del sector pesquero en el Mediterráneo y que, si España no quiere ser sancionada, tiene que aplicarlo. Aseguraba que se trata de un sistema de aplicación progresiva y acorde con la realidad de la pesca artesanal.

Igualmente, se pondrá especial atención en la implementación de la Política Común de Pesca, para lo que ya se ha comenzado la elaboración del Programa Operativo y se avanzará en el reglamento de control, fundamental para la lucha contra la pesca ilegal.

Se revisará la ley de Pesca Marítima del Estado para una mejor aplicación de la Política Pesquera Común y el impulso de diferentes proyectos de ley que van a constituir una completa apuesta institucional y normativa para lograr que el sector de la pesca y la acuicultura sea cada vez más sostenible y competitivo.

Todas estas iniciativas se plasmarán en un paquete legislativo, que incluirá tres instrumentos normativos: el proyecto de ley de pesca sostenible e investigación pesquera, el proyecto de ley de modernización del control e inspección y del régimen sancionador y el proyecto de ley de digitalización, ordenación y comercialización.

Planas puso en valor al sector acuícola y al que “seguiremos apoyando”, a través de un cuarto proyecto de ley que permitirá la adecuación de la acuicultura española a las directrices de la Unión Europea.

El ministro también se refirió a los 50 millones de euros con los que contará el sector pesquero y acuícola establecidas por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) para hacer frente a las dificultades originadas por la crisis sanitaria.

Respecto al brexit, aseguraba que defenderá con firmeza al sector en las negociaciones que se están celebrando para conseguir un acuerdo pesquero bilateral de la UE con Reino Unido y lograr mantener el acceso mutuo a las aguas de ambas Partes, así como a los recursos pesqueros de acuerdo a los intereses legítimos del sector.

MEDIDAS FRENTE A LA CRISIS SANITARIA

El ministro, que expresó su solidaridad con las familias de las personas fallecidas a consecuencia de la COVID-19, aseguró que una de las prioridades del Gobierno es trabajar para que ninguna persona afectada por los efectos de esta crisis sanitaria se quede atrás.

Destacño el comportamiento ejemplar de agricultores, ganaderos, empresas agroalimentarias, pescadores y acuicultores para garantizar el suministro alimentario durante el confinamiento.

Se trata de un sector estratégico para la economía española, que sufre, desde hace años, una serie de problemas estructurales a los que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha ofrecido soluciones consensuadas, a través de un ejercicio de transparencia y diálogo continuo.

Durante el estado de alarma, el primer objetivo del Gobierno ha sido mantener la actividad para garantizar el abastecimiento de la población. Apuntaba que se ha tratado de dar, al momento, soluciones a las dificultades que se iban presentando en ámbitos como la movilidad de los trabajadores, el suministro de insumos o la aclaración de instrucciones sobre las medidas sanitarias y de seguridad en los buques pesqueros para dar una respuesta al sector.

Asimismo, el Gobierno aprobó en el mes de abril un real decreto-ley de medidas urgentes en materia de empleo agrario, recientemente prorrogado, para ampliar su validez hasta el próximo 30 de septiembre, para que ninguna cosecha se quede sin recoger. “Un instrumento excepcional para dotar de mayor tranquilidad al sector, porque ninguna tarea agrícola o puesto de trabajo pendiente ha dejado de ser cubierto”, ha recalcado el ministro y “ese era el objetivo”.
Los subsectores agrarios más afectados por la crisis, como la flor cortada, el sector pesquero o algunas actividades ganaderas, se han podido acoger a lo dispuesto en el real decreto-ley de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19.

En lo que se refiere al ámbito agrario y pesquero, el MAPA ha ampliado el periodo de amortización de los créditos de sequía de 2017, ha establecido una exención a la tasa de buques cuando deban permanecer amarrados en aguas portuarias, ha autorizado moratorias de cotizaciones sociales y de alquileres y, en el caso concreto del sector vitivinícola español, ha flexibilizado las medidas contenidas en el Programa de apoyo 2019-2023 (PASVE) para optimizar el empleo de los fondos destinados a este sector.

El sector vitivinícola cuenta además con un paquete de medidas, dotado con 90,5 millones de euros, destinadas a la destilación de crisis, ayudas al almacenamiento privado y cosecha en verde, que tiene como objetivo paliar la difícil situación que atraviesa el sector por la COVID-19.

Por otra parte, el ministro hizo mención de las medidas acordadas para paliar la situación creada por el cierre del canal Horeca en determinados sectores. Así, se aumentó en 10 millones de euros el apoyo que recibe el sector ovino y caprino como compensación de las pérdidas. El ministro apuntó que el Ministerio estudia, en estos momentos, la posibilidad de contar con medidas también para otros sectores afectados por la COVID-19 como la flor cortada o el ibérico.

También se está implementando el paquete de medidas de mercado de la Comisión Europea, que contempla ayudas al almacenamiento de carne, leche y productos lácteos, medidas de mercado para el vino (destilación de crisis y ayudas al almacenamiento privado, entre otras).

De cara a los sectores exportadores, el ministro destacó el buen comportamiento de las exportaciones agroalimentarias en marzo –el 14 de marzo se decretó el estado de alarma-, con 5.084 millones de euros, el 7,4 % más respecto al mismo mes del año anterior. Mencionó la buena evolución de carne de porcino, sobre todo a China, y la apertura para el vacuno del mercado filipino y del ovino y caprino a países árabes.

De igual forma, se han aprobado una serie de medidas de flexibilización y simplificación de los Fondos Estructurales del FEADER, para poder reasignar el dinero disponible en los Programas de Desarrollo Rural que no se hayan utilizado.
El ministro apuntaba que su Departamento está diseñando una serie de actuaciones para desarrollar un sector agroalimentario innovador, que genere valor añadido y empleo de calidad. El objetivo es conseguir explotaciones rentables y dignas que faciliten la incorporación de jóvenes y mujeres, verdaderos motores de impulso del relevo generacional en el campo.

En este sentido, mencionó las medidas impulsadas el pasado año para el sector de los cítricos. El Gobierno ha llevado a cabo todas las medidas, pero ha solicitado a la Interprofesional que dé respuesta al sector que necesita una organización que funcione.

También se refirió a las 10 medidas anunciadas recientemente para asegurar la viabilidad y rentabilidad del sector del aceite de oliva.

Apelaba a la necesaria colaboración de todos, porque en el sector agroalimentario queda mucho trabajo por delante y es importante valorizar los alimentos para una justa retribución de todos los eslabones de la cadena.

“Ahora que vamos dejando atrás esta difícil situación, debemos desplegar un intenso esfuerzo colectivo para conseguir la recuperación social y económica, y superar una de las situaciones económicas más difíciles” de los últimos años, según el ministro que se mostró convencido de que “lo haremos, ya que somos un gran país que sabe dar respuesta en los grandes momentos”.