El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley para la nueva regulación de la cadena agroalimentaria, dentro de la política sectorial del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para este sector
Garantía de calidad, unificación normativa y creación de un marco más competitivo para las empresas. Son algunos de los objetivos principales de la futura Ley para la Defensa de la Calidad Alimentaria, elaborado a instancias de MAGRAMA. El 10 de abril el Consejo de Ministros daba su aprobación a este proyecto de ley, que pasará ahora a trámite parlamentario siguiendo los pasos para convertirse en una norma con rango de ley.
Según el ministerio, este proyecto cumple la necesidad de crear "una norma básica, actualizada y homogénea a nivel nacional, para uina efectiva garantía de la calidad alimentaria, clave del éxito de nuestros productos en los mercados internacionales". Sustituyendo a la legislación vigente, que data de 1983, la nueva ley adecuará el marco legal español a la normativa europea y homogeneizará el marco regulador, hasta ahora diferente en función de las Comunidades Autónomas. Además, el proyecto actualiza el régimen sancionador, estableciendo la tipología de infracciones y la cuantía de las sanciones.
La nueva legislación incorpora al ámbito alimentario los principios ordenadores de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, dando mayores facilidades a los operadores en ámbitos como la libertad de empresa o circulación de mercancías. Entre otras medidas, establece marcos de colaboración estable y redes de intercambio rápido de información entre las distintas Administraciones públicas competentes. En este sentido, se crea una Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria, un grupo de trabajo para la cooperación entre Gobierno central y Comunidades Autónomas.
Buscando las máximas garantías de calidad, la nueva ley ordena el sistema de inspecciones y controles para los alimentos en todas las etapas de la cadena de suministro, desde la producción primaria hasta los almacenes de distribución mayorista. Los nuevos sistemas de control ya existían en la normativa europea, aunque por primera vez aparecen sistematizados en España como único instrumento legal.