El comercio de proximidad pierde peso en España tras un año marcado por los cierres

El año 2025 ha terminado dejando una fotografía preocupante para el pequeño comercio en España. A lo largo de los últimos doce meses, 13.586 establecimientos han cesado su actividad, una cifra que refleja la fragilidad de un sector que continúa perdiendo presencia en barrios y municipios de todo el país. En términos prácticos, esto supone que más de 1.100 negocios han desaparecido cada mes.

La situación se agravó especialmente en el tramo final del año. Solo en diciembre, 2.347 comercios bajaron definitivamente la persiana, un volumen muy superior al registrado en el mismo periodo de 2024, cuando los cierres se situaron en 1.748. Este repunte confirma una tendencia descendente que se repite ejercicio tras ejercicio.

Desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) califican el momento actual como crítico y advierten de que el pequeño comercio se enfrenta a un problema de fondo. El incremento sostenido de los gastos fijos, la carga fiscal, la competencia de grandes plataformas digitales y la ausencia de planes públicos eficaces para modernizar y proteger estos negocios están acelerando su desaparición. Todo ello afecta directamente a la economía local y al empleo cercano al ciudadano.

Si no se adoptan medidas urgentes, la organización prevé que en 2026 se pierdan nuevamente más de 12.000 comercios, prolongando una dinámica que amenaza con vaciar de actividad comercial muchas zonas urbanas y rurales.

Este retroceso contrasta con el crecimiento del número total de autónomos. La afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha alcanzado los 3.419.210 cotizantes, el dato más elevado de los últimos seis años. Sin embargo, este aumento no se traduce necesariamente en estabilidad económica.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha señalado que, pese a la mejora global en afiliaciones, cerca de medio millón de autónomos sobreviven con ingresos inferiores a 700 euros al mes, una realidad que, a su juicio, debería ser prioritaria en la agenda de 2026.

Abad insiste en que el debate no debe centrarse únicamente en sumar altas, sino en garantizar proyectos viables y sostenibles. “No se trata solo de cuántos autónomos hay, sino de cuántos pueden vivir dignamente de su actividad”, ha afirmado, advirtiendo del riesgo de presentar el crecimiento del colectivo como un éxito sin tener en cuenta la precariedad que esconden muchas iniciativas de autoempleo.