Las Cortes Generales han dado luz verde para la nueva regulación de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, que actualiza y unifica el marco regulador para estos sectores, dotando de mayor importancia a los Consejos Reguladores y reforzando el control a través de figuras como la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA)
Tras su paso por las Cortes Generales, la Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas finaliza su tramitación parlamentaria y alcanza así su aprobación definitiva para su entrada en vigor, ofreciendo a este sector una regulación actualizada y aportando un marco jurídico unificado a ambas figuras.
La nueva regulación reconoce y refuerza la importancia del papel de los Consejos Reguladores como órganos de gestión de las DOP e IGP y de colaboración con la Administración Central. Para ello, se les dota de personalidad jurídica propia y un sistema de funcionamiento basado fundamentalmente en el derecho privado, sustentado en la creación de Corporaciones de Derecho Público.
Desde MAGRAMA se destaca como uno de los elementos fundamentales de la nueva normativa su nuevo sistema de protección, orientado a garantizar una información veraz y adecuada para los consumidores y el respeto a la competencia leal entre los productores. Para ello, la nueva ley regula la protección en todos los ámbitos: desde la producción a la comercialización, incluyendo aspectos como la presentación, el etiquetado, publicidad o uso de nombres de dominios de internet.
Integración con la normativa comunitaria
El control oficial establece un modelo compatible y alineado con la normativa comunitaria para el desarrolo de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegídas, de ámbito supra-autonómico. Para ello, la nueva norma establece criterios comunes en cuanto al procedimiento de reconocimiento, protección, control y regulación de su gestión. Uno de los actores principales en este sentido será la Agencia de Información y Control Alimentaria (AICA), dotada de facultades para la ejecución de funciones de control oficial para la verificación de los pliegos de condiciones de las DOP e IGP.
En España, existen un total de 332 DOP e IGP registradas, de las que 12 son de ámbito territorial suprautonómico: cuatro de ellas de vino (DOP Cava, Rioja y Jumilla e IGP Ribera del Queiles), dos de jamón (DOP Guijuelo y Jamón de Huelva), dos de queso (DOP Idiazábal e IGP Queso de los Beyos), dos de carne (IGP Carne de Ávila y Cordero Segureño) y una de hortalizas (IGP Espárrago de Navarra). Si tenemos en cuenta su valor económico, en el caso del vino asciende a 1.579 millones de euros, equivalentes al 60% del total de vinos con DOP. Para el resto de productos, la facturación asciende a 120,6 millones de euros, que representan el 12,5% del total de estos productos con DOP e IGP. La superficie de producción afectada asciende a 117.550 hectáreas de viñedos y cerca de 2.000 hectáreas para los productos agrícolas.