En los últimos años, la industria alimentaria española se ha convertido en uno de los motores principales de nuestra economía, ocupando el primer lugar como sector industrial en términos de facturación. El sector aporta un 16,8% del Valor Añadido Bruto del sector industrial (por encima del sector metalúrgico o energético), representa el 2,7% del PIB español en Valor Añadido Bruto y es un empleador clave y sólido (1 de cada 5 personas que trabajan en el sector industrial en España lo hace en el sector alimentario). Sin olvidar que somos el octavo país del mundo en exportación de alimentación y bebidas basándonos en la cifra neta de ventas, con productos referentes internacionalmente, como por ejemplo en el vino y el aceite. Mantener la competitividad como exportadores no es fácil, lo que obliga al sector a mantener la innovación y adaptación tecnológica de forma constante.
El sector alimentario se enfrenta, también, a unos nuevos retos que han cambiado las reglas del juego: una generación de consumidores, más preocupados por los superalimentos, macronutrientes, estándares de calidad y que van a cambiar la forma de hacer la compra. Por ello, las empresas alimentarias han comenzado a apostar por soluciones de software que les ayuda a aprovechar al máximo las posibilidades de la nueva era digital: el CRM, para la gestión de los clientes y el ERP o SAP HANA para una mejor planificación de los recursos e integración de la planificación de los diferentes departamentos, entre otros. Además, la aplicación de las nuevas tecnologías como Machine Learning, Análisis Predictivo o Big Data podrá anticipar los gustos y tendencias de los consumidores, ayudando a adaptarse en un mercado tan dinámico.
Ahora, tras la implantación y consolidación de diferentes soluciones de negocio, el sector alimentario se enfrenta a un nuevo reto: la implantación de la Ley GDPR -General Data Protection Regulation, por sus siglas en inglés-, la nueva normativa destinada a regular la protección de los datos de los ciudadanos europeos y que será de obligado cumplimiento a partir del 25 de mayo de 2018.
A partir de esta fecha, todas las empresas deberán acatar la nueva regulación sobre la recogida, uso y conservación de datos personales de ciudadanos europeos (nombres, correos electrónicos o datos bancarios, entre muchos otros). Ya no será posible que el usuario dé el consentimiento con un simple clic en una caja de un formulario sino que esta confirmación tendrá que ser formulada por escrito, y las compañías deberán ser capaces de almacenar una prueba de ese consentimiento. Además, cuando los potenciales clientes o leads manifiesten la autorización para utilizar sus datos personales, la empresa tendrá que especificar -de forma inteligible y de fácil acceso- la finalidad del tratamiento de estos datos.
Con la entrada en vigor de la Ley GDPR, se establece además el derecho al olvido por parte de los usuarios, que ahora podrán reclamar la eliminación total o parcial de sus datos y la empresa, por su parte, deberá ser capaz de probar que ha eliminado esta información de su base de datos. Otra de las cuestiones a tener en cuenta que plantea la nueva normativa europea es la notificación de los incidentes de seguridad o pérdida de información de la base de datos. A partir del 25 de mayo, las empresas están obligadas a informar a sus usuarios y a la Agencia de Protección de Datos de que han sufrido un episodio que compromete la seguridad de los datos almacenados y, aún más importante, esta comunicación debe hacerse en un plazo máximo de 72 horas.
El sector alimentario debe enfrentarse ahora a este nuevo reto tecnológico, que plantea una nueva forma de entender el tránsito de datos y los procesos dentro de las organizaciones. En este sector se atesoran datos personales de empleados, proveedores, ingenieros, datos de usuarios de las plataformas de e-commerce de las compañías… etc. Estos datos deberán estar adecuadamente enmascarados y encriptados, entre otros. El cumplimiento de todos los requisitos que exige la aplicación de la ley GDPR implicará que las empresas cumplan la normativa para evitar las sanciones (con multas de hasta el 4% del volumen de facturación anual con un tope de 20 millones de euros), pero además supone una gran oportunidad para que el sector apueste definitivamente por reinventarse en un entorno digital tan cambiante.
En definitiva, si las empresas de la industria alimenticia quieren mantenerse y que el sector se consolide como potencia económica en esta nueva era que vivimos, deben apostar por una transformación digital completa. La reinvención de sus procesos les permitirá no solo ser competitivas, rentables sino también la capacidad de adaptarse fácilmente a los cambios tecnológicos que vayan surgiendo, como la ley GDPR que ahora les afecta, y prepararse aún mejor para los retos digitales que les depare el futuro.
