El eurodiputado canario del Partido Popular Gabriel Mato ha manifestado hoy, tras la votación del Reglamento del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) en la Comisión de Comercio Internacional, que es una muy buena noticia que se haya aprobado la inclusión del arroz en la cláusula de salvaguardia automática, que permitirá proteger a los productores españoles frente a las importaciones de terceros países, como Camboya y Myanmar.
Tal y como recuerda Gabriel Mato, durante los últimos años, los productores arroceros europeos han tenido que hacer frente a determinadas situaciones que han menoscabado su producción. A esto se ha sumado el incremento de las importaciones en la última década, el refuerzo de las normas de calidad y la pérdida de insumos. “Todos estos aspectos han acorralado a nuestros productores de arroz hacia un escenario complicado, en el que, en los últimos diez años la superficie de arrozales de la Unión Europea se ha reducido en un 14%”, explica el eurodiputado popular.
Si a esto añadimos otros beneficios que el Sistema de Preferencias Generalizadas de la Unión otorga a determinados productos de países en desarrollo sin que tengan que hacer frente a costes arancelarios, “los arroceros españoles están abocados a una situación crítica”, continúa Mato, quien ha reconocido las dificultades de esta negociación, así como agradecido el apoyo dado por otros grupos políticos en defensa de este sector.
Gabriel Mato ha negociado, como ponente del Grupo Popular Europeo de este informe, hasta conseguir que se incluya el arroz en la aplicación de la cláusula de salvaguarda automática, que constituirá un mecanismo más ágil, con la posibilidad de activarse con inmediatez y eficiencia tan pronto como se vean amenazados los productores europeos ante las importaciones de países productores de arroz. Esto supone un paso muy significativo, ya que, hasta la fecha, el procedimiento aplicado para aprobar las medidas de salvaguardia con la llamada cláusula de salvaguardia general requiere plazos más largos y costosos.
Asimismo, existe el precedente de la cláusula de salvaguardia general activada en 2018 y aplicada a las importaciones de arroz de Myanmar y Camboya. No obstante, quedaron extinguidas el pasado 17 de enero de 2022 haciendo la Comisión Europea caso omiso a las múltiples peticiones que realizaron las organizaciones agrarias españolas en las que solicitaban que se prorrogaran las medidas de salvaguardia. El sector español ya advirtió en esa fecha que, tras la finalización de dicha cláusula, las importaciones volverían a aumentar y el sector europeo sufría aún más.
“Estamos de acuerdo y entendemos los beneficios que el Sistema de Preferencias Generalizadas de la Unión Europea concede, al eliminar o rebajar los aranceles, a los países menos desarrollados, pero ese objetivo se debe compatibilizar con los intereses de los productores europeos”, recalca Mato. “Nuestros productores no pueden competir con las importaciones de estos países, en los que los costes de producción son ínfimos y, además, no están sometidos a las mismas reglas en materia social, medioambiental y de seguridad alimentaria”, puntualiza.
Desde el inicio de las negociaciones, Mato ha trasladado las preocupaciones y peticiones del sector del arroz, tan importante para España, no solo desde el punto de vista económico, sino también social y medioambiental. El arroz es un producto profundamente arraigado en la cultura europea y se cultiva en ocho países comunitarios. Italia es el mayor productor de arroz europeo, con 1,51 millones de toneladas en 2020. España se sitúa en segunda posición, con una producción de 708.000 toneladas ese mismo año.